¿Por qué no son liberados los detenidos en tumbes contra los que la policía, ni la fiscalía tiene prueba alguna?

Melissa Patiño

Por una sencilla razón: Luis Alva Castro necesitaba un psicosocial que desviara la mirada del la prensa para borrar de un plumazo el hecho de que varias personas murieron en Ayacucho en un extraño enfrentamiento entre manifestantes y la policía.


El psicosocial de Tumbes debía poner ante los medios de comunicación a “7 terroristas” detenidos por la eficiencia del trabajo de Luis Alva Castro y su jefe de Policía. De esta forma, pretendían quedar ante la opinión pública como los súper agentes del orden y de la paz que todos necesitamos, después de todo, los grupos subversivos que operaron en el Perú en los años 80 y 90, el MRTA y Sendero Luminoso, son todavía fuente de repulsa, de odio y de temor entre la población peruana.


Presentar a los detenidos en Tumbes como senderistas, emerretistas o terroristas internacionales ante una prensa que repite los partes policiales, antes de investigar y averiguar, le habría dado a Luis Alva Castro algunos minutos de fama en el concejo de ministros: de hecho, la Ministra Mercedes Araoz salió inmediatamente a felicitarlo por la captura.


Pero luego de las investigaciones, ni los fiscales en Lima, ni la policía, han encontrado prueba alguna para sostener una demanda ante un juez.


La policía sostiene que dos de los detenidos Roque Gonzales La Rosa y Damariz Velasco Huiza, militaron en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA): el verbo está en pasado en todos los partes. El delito de terrorismo contempla pertenecer a un grupo subversivo, no haber pertenecido. Parece que el primero estuvo en la cárcel dos veces. Ahora los acusan de “planear atentados”, lo que quiere decir que si son llevados a corte, no podrán ser juzgados porque los delitos no han sido cometidos y nadie puede ser condenado por un delito que no cometió: así es la ley, y así funciona en un país civilizado.


Lo que nos queda como ciudadanos es exigir a la policía que los vigile de cerca, pues si son parte de un renacido MRTA y siguen con la cantaleta de declararle la guerra al Estado peruano, me imagino que debemos tenerlos con marca personal, mismo Reyna con Maradona.


Los otros cinco detenidos son acusados de “instigar al terrorismo internacional” por haber participado en un encuentro político cultural en Quito.


De los cinco, Melissa Patiño, acudió en reemplazo de un conductor y director de programa radial en Stereo Villa, fue en calidad de promotora cultural y productora radial. Hay videos en los que se la ve en una marcha en Quito contra el imperialismo yanqui (me imagino que eso es lo que decían los vocingleros. No sabemos de persona alguna que en algún país del continente haya sido detenida porque asistió a esta marcha: esto solo ha ocurrido en el Perú.


El hecho es que con estos elementos, un fiscal, un juez, un jefe de policía y un ministro de Estado decidieron la detención de los 7 de tumbes.


Casi 10 días después, quienes exigimos el Fiscal o la Policía muestren una prueba de algún delito perpetrado por Melissa Patiño, seguimos esperando.


Pero no habrá prueba alguna porque Melissa es inocente. Y no lo es porque sea poeta, o escriba versos, solo lo es. No nos toca a nosotros demostrar que es inocente, ese trabajo es del fiscal y de la policía, para eso les pagamos.


Pero ¿por qué no salen en libertad los detenidos contra los que no existe prueba alguna?
Esto es muy sencillo y muy perverso: Luis Alva Castro estaría presionando a su jefe de policía PNP Octavio Salazar para que encuentre una forma de que los siete acusados sean culpables de algo, de cualquier cosa, con tal de que no queden él y su jefe de policía como unos torpes policías incapaces de dar un buen golpe al terrorismo internacional.


El fiscal de Zarumilla, Orlando Sánchez, se habría prestado al juego. Ahora quiere llevarlos a Tumbes, nuevamente, para “seguir sus investigaciones” allá, cosa rara porque ninguno de ellos vive en Tumbes. Si hubiesen planeado algo, sus bombas, sus rifles y toda su parafernalia de terroristas internacionales ¿no estarían al alcance de ellos, es decir, cerca de donde viven, o sea, en Lima?


El Ministro está sometido a un proceso de interpelación por las torpes e ineficientes maniobras que ha realizado en el Ministerio del Interior.


Si todo esto es así, Luis Alva Castro estaría utilizando su poder como Ministro y manipulando las leyes y el aparato del Estado para fines políticos personales. Esto quiere decir que si comprobáramos lo escrito líneas arriba, debería ser enjuiciado, junto a su jefe de policía y a su fiscal por varios delitos empezando por el abuso de poder y detención ilegal.


Defender a Melissa Patiño es defender el derecho de todo peruano a vivir en una sociedad donde un funcionario público no puede usufructuar el poder que se le encarga para fines personales. Melissa no está detenida ni por sus ideas, ni porque es poeta, ni porque es gestora cultural, ni por ser estudiante, es todo eso y es inocente.


Melissa sigue detenida porque Luis Alva Castro no pude darse el lujo de mostrar una vez más lo que es: un torpe funcionario del gobierno de turno, un mediocre militante de un partido que recibió en las urnas una nueva oportunidad después de propiciar un descalabro mayúsculo en los años 80: al parecer, el descalabro continuará.


La torpeza de Alva Castro y del gobierno radica llevar la política a las páginas policiales de los diarios. Enfrentar a Chávez y sus petrodólares, que financian a una izquierda que aprovecha el descontento popular no necesariamente frente al sistema, sino ante las torpezas de un Estado ineficiente y estúpido: es una labor de confrontación ideológica, de esclarecimiento de objetivos.
Hacer política es educar: es tarea de todos nosotros defender una democracia a la que hemos rescatado de las garras de una dictadura, y mantenerla alejada de los discursos que siguen creyendo que la revolución social y la felicidad pasan por el comunismo y antes por la lucha armada.


Defender a Melissa Patiño es defender un principio que sostiene a la Democracia: los funcionarios públicos no pueden usufructuar al Estado, son servidores de los ciudadanos y deben ser vigilantes de que sus derechos sean respetados

Javier Arévalo, escritor